Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Con este Real Decreto se desarrolla la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos de 2007 y comprende los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad.

¿Qué es?

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soportes, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene por objeto la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.
Tiene en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes, y considerará la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
Los elementos principales que lo conforman son:

  • Interoperabilidad Organizativa: Condiciones de uso de la información electrónica por parte de otras Administraciones públicas.
  • Interoperabilidad Semántica: Modelos de datos para el intercambio de información electrónica.
  • Interoperabilidad Técnica: Utilización de estándares abiertos.

¿A quién afecta?

El ENI es de obligado cumplimiento para el conjunto de la administración española, entendiendo por tal la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
En el ámbito de la administración del Estado, el conjunto de departamentos, entes, sociedades públicas, organismos y agencias estatales.
En el ámbito de la administración autonómica, los departamentos y consejerías, fundaciones públicas, institutos, agencias, sociedades públicas, universidades y otros entes de la administración.
En el ámbito de la administración local a los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, y otras formas de organización de la administración, fundaciones y patronatos, sociedades públicas y entes autónomos.
Su ámbito de aplicación se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

¿Para qué sirve?

Con la implantación del ENI se pretende conseguir los siguientes objetivos:

  • Tratar los estándares que permitan la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas y del derecho de los ciudadanos a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas.
  • Introducir los elementos comunes que han de guiar la actuación de las Administraciones Públicas en materia de interoperabilidad de las tecnologías de la información.
  • Proveer un lenguaje común para facilitar la interacción de las Administraciones Públicas, así como la comunicación de los requisitos de interoperabilidad de la información de las mismas a la industria.

¿Qué implicaciones tiene?

La implantación del ENI trae consigo:

  • Definir y documentar las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico.
  • Utilizar estándares abiertos o estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  • Aplicar la Licencia Pública de la Unión Europea sobre el software de la Administración Pública.
  • Aplicar el Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración.
  • Aprobar y publicar la política de firma electrónica y de certificados.
  • Definir las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo la definición de una política de gestión de documentos.
  • Verificar que los sistemas de información afectados cumplen con los requisitos de las Normas Técnicas de Interoperabilidad (Documento electrónico, Expediente electrónico, Digitalización de documentos, etc…).

Los plazos de implantación son los mismos que los fijados por el ENS (30 de Enero de 2014), debiendo disponerse desde Enero de 2011 de un Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

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